CIADI

En el Año 1965, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad multinacional creada por las Naciones Unidas para la reconstrucción de Europa y Asia después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy es denominado Banco Mundial crea el Convenio sobre ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, conocido
como el convenio CIADI, o ICSID en lengua inglesa para todos los países socios del Banco en esa época, dejando abierta la posibilidad de adhesión a otros países. Bajo esta lógica en el año 1994, el Congreso Nacional aprueba y ratifica mediante Ley Nº 1593 el Convenio CIADI, al cual Bolivia se
adhirió el 3 de mayo de 1991. Esta Ley tal cual su texto lo define, se ha promulgado en aplicación de la atribución 12º del Art. 59 de la Constitución Política del Estado que determina como atribución del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados, concordatos y convenios internacionales.

Simultáneamente en algunos casos y con posterioridad en otros, el Gobierno de Bolivia suscribió acuerdos bilaterales de protección a las inversiones con Argentina, Gran Bretaña, España, Francia,

Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos, dentro del convenio marco del CIADI ratificados con el mismo procedimiento legislativo, es decir que tienen rango de ley, haciendo un total de 22 convenios bilaterales suscritos con otros países.

Una de las exigencias del Convenio CIADI (Art. 68) es que los países signatarios deben ratificarlo de acuerdo a sus Constituciones para darle validez, lo cual en el presente caso se ha cumplido. En ese marco el Tribunal Constitucional ha decretado la constitucionalidad de 5 convenios ratificados por Bolivia mediante Sentencia Constitucional de 0031/2006 de 10 de mayo de 2006.

El CIADI tiene por objeto, según su mismo texto lo establece (Art. 1) facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este Convenio.


Objetivo que demarca claramente la jurisdicción de un tribunal del CIADI, estableciendo tres requisitos (Art. 25), el primero es el requisito “ratio personae”, que determina que deben intervenir necesariamente un Estado y contratante nacional de otro Estado, independientemente si ambos países han suscrito o no el Convenio CIADI o convenios bilaterales al respecto.

CIADI
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